Jueves, 24 de marzo de 2016. Fuente: Tomás Zamora O.

Costa Rica.- Tras detectar graves fallas con la regulación en el uso de armas de fuego en la seguridad privada, un grupo de expertos nacionales propone al Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, un proyecto de que vendría a mejorar el servicio.

"Carlos" solicita empleo en una empresa de seguridad privada. Le asignan un arma para que empiece a trabajar al día siguiente. Pero, hay un detalle: nunca ha manipulado un arma de fuego.

Se considera delicado por parte de los analistas y empresarios de la seguridad privada costarricense, que algunas empresas dedicadas a la vigilancia, presten servicios con armas de fuego sin las medidas de control previo y posterior, a la asignación a una persona en un puesto de vigilancia.

armas2El debido resguardo y mantenimiento de las armas es otra de las fallas detectadas. En algunos hechos recientes, las armas fueron robadas mientras un empleado de la empresa de seguridad hacía el traslado de las mismas de un puesto a otro.

En ocasiones las armas permanecen las 24 horas en las instalaciones de los clientes o compradores de los servicios de seguridad; lugar que en su mayoría, no disponen de condiciones para almacenarlas y ponerlas en resguardo.

Se detalla que algunas empresas que brindan el servicio, ni siquiera disponen de personal capacitado en el uso de armas, mucho menos el adiestramiento en la limpieza y mantenimiento de las mismas, con consecuencias graves de muertes y heridos accidentales en el cumplimiento de sus funciones.

Muchas de las circunstancias en que ocurrieron los hechos se pudieron evitar, según los analistas; disminuyendo también el dolor de familias y personas cercanas. Se suma a lo anterior, que las armas de fuego son el blanco del robo o del asalto, porque son de importancia para grupos o bandas de delincuentes.

Se agrega a esto, los familiares de ambos grupos, quienes deben afrontar dolorosos procesos hospitalarios o de pérdidas de seres queridos, incluidos largos procesos judiciales, pagando muchas veces con cárcel el uso del arma en el cumplimiento de su deber.

Ante situaciones como las comentadas no hay vencedores; todos perdemos: como familia y como sociedad. Todos arrastramos alguna cuota de responsabilidad; pero la mayor de ellas recae en aquellos que se encuentran inmersos en el mundo de la seguridad y el uso de las armas de fuego.

En Julio del 2015, un grupo de poco más de 190 profesionales de seguridad del ámbito privado y público, incentivados por ASIS Costa Rica, se unieron para levantar la voz, una vez más, y pedir que se analice el uso de armas de fuego en los servicios de seguridad privada.

Los criterios con los que se asignan las armas de fuego para utilizar en puestos de seguridad son poco elaborados, mínimamente justificados y algunas veces solo obedecen a pedidos de personas sin conocimientos técnicos; guiados solo por su percepción de que las armas son elementos disuasivos que imponen respeto y, de alguna forma, evitan que se comentan delitos en contra de las personas o del patrimonio.

Por otro lado, están las empresas que prestan servicios de seguridad y se vuelven complacientes con lo que solicita su cliente, un cliente que en la mayoría de ocasiones no dispone de conocimientos generales o específicos en seguridad, y con tal de lograr el contrato o quedarles bien, los empresarios vendedores del servicio acceden a sus peticiones a sabiendas de que no es necesario el uso de arma de fuego para sus requerimientos.

MINISTRO APOYA GESTIÓN DE EXPERTOS

El Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, se mostró complacido con la propuesta de una mayor regulación en el uso de armas de fuego por parte de la empresas de seguridad privada tal y como lo argumentan los expertos de ASIS capítulo 271 de Costa Rica.

De hecho, el Ministro aseguró que trabajan en ello y que descubrieron que existen unas 1.500 empresas de seguridad privada en el país de las cuales solo 465 están a derecho, el resto se encuentran en operación de manera ilegal.

Destacó que esas empresas disponen de unas 32 mil armas, pero que un 45% de esas ellas no están debidamente registradas y por eso realizan una exhaustiva investigación sobre el tema, así como el pago de las cargas sociales, cantidad de personal, manejo de armas y otros aspectos que detalla la propuesta de Ley de mayor regulación.

Según el Ministro, muchas empresas brindan datos falsos y al inspeccionar sus oficinas lo que encuentran son panaderías o funerarias, lo que los deja impunes ante la Ley, pero que ahora será regulado con mayor rigurosidad.

Destacó el Ministro que “le vamos a meter mano a esta propuesta y aplicaremos medidas de mayor rigurosidad en cuanto al uso de armas de fuego en centros comerciales, y otros sitios que no requieren armas letales para protección al usuario, así como en las solicitudes de los contratos y todos los aspectos referentes a este materia”.

La propuesta de los expertos de ASIS la vemos muy bien y coincido en su totalidad para que se realicen los cambios, sea en la Asamblea Legislativa o donde corresponda, concluyó el Ministro Mata.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

En cualquier circunstancia, la responsabilidad en un hecho grave le corresponde a quien porta y, eventualmente, utiliza el arma de fuego.

Según los analistas, existe un conocimiento limitado sobre la herramienta de trabajo que se le está asignando a ese personal; poco o ningún manejo del entorno en donde operara con el arma de fuego y, en última instancia, debe aplicar su propio criterio en la soledad de su puesto, con un poco de apoyo de parte de otros compañero con igual nivel de conocimiento, para ejecutar la decisión más acertada.

La responsabilidad de un hecho grave provocado por un agente de seguridad en función del trabajo de resguardo de bienes o personas, debe ser también responsabilidad de quien compra el servicio y de quien lo suministra, amén de quien lo está prestando en el momento.

Para ASIS Costa Rica son co-responsables la empresa que vende el servicio, el cliente que la contrata y él o los oficiales de seguridad que ejecutan una acción cuyas consecuencias pueden ser muy positivas o nefastas.

Este enfoque de responsabilidad compartida daría una clara visión de que colocar armas letales en donde no se requieren, podría obligar a quienes las pidan y a quienes las suministren, a tomar una decisión más meditada.

Hoy día la decisión de asignar un arma de fuego para resguardar un bien o una persona se toma desde dos diferentes ángulos; desde la visión del comprador del servicio y desde la perspectiva del suplidor de ese servicio; quien al final debe satisfacer las necesidades de su cliente. Pero poco tienen que ver las instituciones que regulan y organizan los servicios de seguridad privada.

La ley (Estado) solo está enfocada en observar y controlar algunos tipos de armas y las cantidades de éstas y municiones en manos de los prestatarios de los servicios. Rige entonces la asignación del arma de fuego en el mercado de la oferta y la demanda.

Con pocos controles desde la parte reguladora del Estado, esa oferta y demanda se vuelve más y más creativa cada día; permitiendo casi a la libre, con muy pocos controles, la asignación de un arma de fuego en un determinado puesto de servicio.

En los profesionales de ASIS existe gran preocupación porque los servicios de seguridad privada tengan la potestad absoluta de asignar armas de fuego bajo criterios de oferta y demanda, bajo criterios de poco o ningún valor técnico, y bajo criterios de satisfacción al cliente, quien al final tiene el poder económico de los contratos de vigilancias para pedir, quitar y poner a una u otra empresa de seguridad.

Es igualmente preocupante que las empresas privadas y públicas compradoras de los servicios de seguridad no permiten o acepten asesorarse por parte de los profesionales en la materia.

Otro aspecto que requiere análisis con carácter de urgencia es que empresas compradoras de servicios puedan negociar contratos de seguridad privada pidiendo y, a veces exigiendo a sus proveedores, que cumplan con ciertos deseos de presencia de armas fuego, solo porque les parecen necesarios, o les resulta disuasivo.

Es por esto que el control de asignar o no un arma de fuego, dentro de un puesto de seguridad, no puede recaer en los actores comercialmente interesados en el tema; el que demanda el servicio y tiene el poder de pagar, y el que suple el servicio y siente la responsabilidad de dar todo cuanto su cliente le pide, de ahí el requerimiento y fundamento para una responsabilidad compartida.

BUENAS PRÁCTICAS

Regular el tipo de arma de fuego, el tipo de munición y los lugares en donde puede haber presencia de armas; debe ser parte de una cadena de buenas prácticas, que tanto compradores de servicios de seguridad, como proveedores de esos servicios, deben conocer y seguir. Responsabilizar a ambos, comprador y proveedor de los servicios, debe ser una tarea del ente regulador (Estado) para que en la balanza de la oferta y la demanda siempre pese más el criterio técnico y no el deseo de tener o aparentar poder a través de las armas, sus características y capacidad de fuego.

Los servicios de seguridad privada que utilizan armas de fuego deben ser sometidos a un riguroso estudio desde antes de que se les permita adquirirlas, para ello deben cumplir con procesos estándar bien conocidos, aplicados por profesionales calificados que demuestren claramente el porqué de utilizar y justificar o no, el uso de armas de fuego en un determinado puesto de trabajo.

Los sitios en donde se permitan armas de fuego deben estar previamente establecidos, autorizados y supervisados por los entes reguladores del Estado (DSSP y DGA) con el fin de mantener un mejor control sobre ese tipo de servicios, especialmente dirigidos contra aquellas compañías que operan al margen de la ley y que de manera irregular lo brinda sin satisfacer los requerimientos correspondientes.

Los departamentos de compras público/privados deben utilizar profesionales de seguridad para colaborar con los procesos de licitación, siempre que se inicie un proceso de compra de servicios y cuando las modificaciones a un cartel de licitación se hagan necesarias. Además, las excepciones en el uso de armas de fuego en servicios de seguridad privada deben estar sujetas a revisiones y aprobaciones por parte de los entes reguladores DSSP y DGA.

Por último, la divulgación de las medidas que se adopten, deben ser del conocimiento de todos los actores clave del ramo tales como, compradores de servicios, proveedores, profesionales de seguridad y los responsables de controlar la materia como lo es el Estado, en este caso el Ministerio de Seguridad Pública y sus dependencias.

Referencias

- El Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, fue entrevistado por Tomás Zamora O. para la realización de este artículo.

Jaime Owens, CPP
Jaime Owens, CPP Panamá
“He tenido el privilegio de poder conocer y compartir con muchos profesionales de la seguridad del mundo, oportunidad que me ha dado ASIS Internacional. Profesionales de Asia, África, Europa, Oceanía y América, de quienes he aprendido, y me han ayudado a ser mejor profesional. Sin la menor duda, lo aprendido de los amigos profesionales de la seguridad en América Latina, ha sido enriquecedora, de calidad mundial. Espero seguir aprendiendo de todos ustedes.”
Marco Vega, CPP
Marco Vega, CPP Costa Rica
"Desde que me integré a ASIS Internacional, he obtenido réditos importantes a nivel profesional, como es el networtking y las posibilidades de capacitación, así como también fuentes de innovación y de conocimiento que guían mis labores diarias en materia de seguridad integral. Sin duda alguna es la plataforma global más importante para los que ejercemos esta profesión."